Durante el operativo, se encontraron a 37 personas hacinadas (incluidos dos menores de edad), durmiendo en condiciones insalubres sobre colchones viejos en el suelo, en cuartos, rodeados de  ropa sucia acumulada. Varios pacientes denunciaron haber sido encerrados en un pozo seco como castigo por parte de los encargados de este negocio, quienes no eran profesionales de la salud.

La intervención fue motivada por la fuga de varias personas de esta casa, que se presumían peligrosas. Sin embargo, la Policía Nacional capturó a siete de los 11 pacientes y ninguno de ellos tenía antecedentes penales.

Los responsables del centro podrían enfrentar una multa de hasta 3.680 dólares para esta actividad economica considerada como Categoría II.

El control sobre lugares de rehabilitación es fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa metropolitana y proteger la salud y los derechos de quienes buscan una recuperación y reinserción social adecuada.