El objetivo principal de esta intervención fue revisar los permisos correspondientes y detectar posibles puntos de venta de partes de motocicletas y automóviles presumiblemente robados.

Durante el operativo, se inspeccionaron nueve establecimientos, verificando sus permisos y licencias. De estos, dos talleres no contaban con la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE), por lo cual se inició el procedimiento de sanción correspondiente. Esta actividad económica pertenece a la categoría 2, que implica una multa entre cinco y ocho remuneraciones básicas unificadas.

Además, la Policía Judicial realizó una prueba química a una motocicleta encontrada en uno de estos establecimientos. Como resultado, se constató que los números de chasis y motor no coincidían, motivo por el que se procedió al retiro de este vehículo para las investigaciones pertinentes.

Con orden y control, Quito renace.