Estas acciones representan un grave peligro, ya que arrojar escombros a las quebradas no solo contamina estos cauces naturales, sino que también aumenta el riesgo de aluviones durante la temporada de lluvias como la que vive el país. La acumulación de desechos altera el flujo natural del agua y debilita las laderas, poniendo en riesgo la vida y bienes materiales de los habitantes del sector.

Al momento de la intervención, el responsable del arrojo de escombros aseguró ser dueño del terreno y que estaba limpiando la zona. Ubicado en la faja protectora de la quebrada, se constató que el predio afectado es un espacio público.

La quebrada del Río San Pedro es considerada un área de protección ecológica y, de acuerdo con la ordenanza Verde-Azul, los infractores pueden enfrentar multas que alcanzan hasta los 75 salarios básicos unificados, es decir, más de 35 mil dólares, dependiendo de la gravedad de la acción.

Es fundamental comprender que las quebradas no son vertederos de basura, sino ecosistemas esenciales que regulan el drenaje de aguas lluvias y albergan una diversidad significativa de flora y fauna. Con ello, se hace un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y cumplir con la normativa metropolitana.

Cabe destacar que estas intervenciones forman parte del Plan de Eventos Climáticos (PEC), diseñado para mitigar riesgos y proteger a la población, sus medios de vida y la infraestructura pública y privada. Además, se enmarcan en el Plan de Manejo del Ilaló, que propone reconocer al volcán como un Área de Intervención Especial y Recuperación (AIER), garantizando su protección y recuperación ambiental.