Quito, 20 de mayo de 2025.  La Agencia Metropolitana de Control (AMC), en coordinación con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (ACESS) del Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional, clausuró un centro de rehabilitación clandestino ubicado en San José de Morán, parroquia Calderón, al norte de Quito. El establecimiento operaba de forma ilegal y mantenía en condiciones inhumanas a 50 adultos y 4 menores de edad.

Durante la intervención, los inspectores encontraron a los internos hacinados en espacios reducidos dentro de un inmueble dividido en varios departamentos alrededor de una cancha. Las denuncias recogidas en el lugar revelan graves abusos: maltratos físicos con objetos contundentes como tablas y torturas psicológicas que incluían prácticas de asfixia con toallas sumergidas en agua.

Según uno de los colaboradores del centro, los familiares de los internos pagaban más de 100 dólares mensuales por un supuesto tratamiento de desintoxicación, pese a que el establecimiento no contaba con ninguna acreditación ni condiciones adecuadas. Además, se encontraron cigarrillos de contrabando en las habitaciones, que también funcionaban como cocinas, salas y oficinas.

Vecinos del sector denunciaron que, durante los fines de semana, en el lugar se realizaban fiestas con música a alto volumen y consumo de alcohol. En uno de estos eventos, un presunto colaborador, en estado etílico, intentó agredir a un residente del barrio.

Tras la clausura, los adultos fueron evaluados médicamente y entregados a sus familias. Los cuatro menores quedaron bajo custodia de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN), a la espera de ser reunificados con sus representantes legales.

Edwin Chicaiza, líder zonal de la AMC en Calderón, señaló que, ademas de la clausura del inmueble, por atentar contra la seguridad y salud de las personas, el responsable del centro clandestino podría enfrentar una multa de hasta 8 salarios básicos unificados (USD 3.760).

Durante el 2024, bajo la administración del alcalde Pabel Muñoz, la AMC inició 19 procedimientos de sanción en contra de centros de rehabilitación clandestinos en el Distrito Metropolitano, clausurando 10 de ellos.

En lo que va de 2025, ya se han iniciado siete procedimientos y se han clausurado seis establecimientos de este tipo.