En La Bota, al norte de Quito, se comprobó que “Nuevos Capítulos” operaba desde 2022 con permisos falsificados —actualizadas irregularmente en 2023 y 2024— y que sometía a pacientes hacinados a agresiones físicas y a inmersiones en piscina con hielo; al responsable se le iniciará multas por más de 11 mil dólares y podría enfrentar hasta 7 años de cárcel.
Desde enero de 2022, el centro “Nuevos Capítulos” funcionaba con la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) falsificada, las cuales fueron replicadas irregularmente en 2023 y 2024. Durante la inspección, instructores de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) hallaron a 22 personas hacinadas en espacios reducidos, quienes denunciaron haber sido golpeadas y sumergidas en una piscina con agua helada como método correctivo de conducta.
Al presunto responsable se le iniciará un procedimiento de sanción por la falsificación de los permisos municipales, con multa de 15 salarios básicos unificados (7 050 dólares), y otra por operar sin contar con LUAE—negocio calificado como categoría II— con multa de hasta 8 salarios básicos (3 760 dólares). En el ámbito penal, la falsificación de documentos públicos conlleva una pena privativa de libertad de 5 a 7 años.
Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC, explicó que los familiares de los pacientes pagaban hasta 150 dólares mensuales por un supuesto tratamiento profesional. Además, recordó que “cualquier ciudadano puede acercarse al balcón de servicios de las diez administraciones zonales del Municipio de Quito para verificar si un centro de rehabilitación cuenta con su LUAE vigente y auténtica”.
En lo que va de 2025, la AMC ha iniciado 12 procedimientos contra centros de rehabilitación clandestinos, clausurando 11 de ellos por hallazgo de armas de fuego, armas blancas, sustancias sujetas a fiscalización, medicación caducada y acumulación de dinero y objetos sin justificación. En 2024 se iniciaron 19 procedimientos y se clausuraron 10 establecimientos por causas similares.
La AMC insta a la ciudadanía a verificar siempre la validez de las licencias de funcionamiento y a denunciar cualquier indicio de maltrato o irregularidad en servicios de salud; para ello, pone a disposición sus canales de atención 24/7.
